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Conocer los peligros reales de las drogas, por blandas que sean, para no repetir el error de consumirlas. Ese es uno de los beneficios del centenar de aragoneses que cada año deciden cambiar una multa por posesión de drogas por un tratamiento terapéutico de deshabituación. El otro, evitar el pago de al menos 300 euros.
No en todos los casos se puede conmutar la sanción económica (entre otros factores influyen la cantidad y el tipo de sustancia que se le confisca). Hasta 119 aragoneses se beneficiaron de la medida a lo largo del año pasado, según los datos facilitados por Interior.
"Nuestro objetivo no es que le quiten esa multa, esa es solo una de las consecuencias de la decisión de participar en un proceso como este. El verdadero objetivo es que la persona pase por una fase diagnóstica -que incluye consulta psicológica, médica y un servicio jurídico- y que decida empezar y superar el tratamiento", apunta Jesús Sánchez, director de la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.
La terapia no es, ni mucho menos, un ligero trámite. "La duración depende de cada caso, pero un tratamiento de tipo ambulatorio se suele prolongar aproximadente durante de un año y medio", señala Sánchez. Los chicos y chicas pasan por varias fases de trabajo: individualizado, grupal y con la propia familia.
La mayoría son jóvenes de entre 18 y 25 años -también algún menor de edad- que consumen con asiduidad derivados del cannabis, como marihuana y hachís. Muchos de los casos que llegan a cualquiera de los 20 Centros de Prevención Comunitaria (CPA) y Unidades de Atención y Seguimiento de Adicciones (UASAS) de Aragón son chavales reincidentes por los que sus padres ya han tenido que pagar una multa anterior.
Sin embargo, el paso por estos centros suele ayudar a mejorar la conducta de los jóvenes frente a las drogas. "Es una medida con una larga trayectoria, muy bien establecida y que funciona muy bien, con un índice de reincidencia muy bajo", concluye orgulloso Jesús Sánchez.
Miles de sanciones cada año
Cada año, la policía impone miles de sanciones por infringir los artículos 23 y 25 de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, es decir, tenencia ilícita, consumo en la vía pública, el abandono de materiales o la permisión de consumir en un local privado, como un bar o discoteca. En 2013 se pusieron 3.541 multas en la Comunidad |
