Fuente elpais.com

2.443 españoles  están presos en la actualidad en cárceles fuera
de España. De ellos, el 83% por delitos relacionados con el tráfico de
droga.

En los últimos cuatro años, el número de detenidos en otros países ha
aumentado en 637 personas, un 33% más. Muchos son los que tratan de
solucionar sus problemas económicos de forma ilícita en el extranjero y
casi todos a través de la misma vía, el consumo o el tráfico de drogas.

Estefanía Gutiérrez tiene 23 años pero ya sabe lo que es jugársela
fuera de su país. Mientras trabajaba como camarera, conoció a unos
mafiosos que le ofrecieron 8.000 euros por llevar a España seis kilos de
cocaína en una maleta desde el país andino. Pero no era tan fácil como
le hicieron creer y permanece allí desde diciembre de 2011.

“Me dijeron que sería muy sencillo, que ellos se ocupaban de comprar a
un policía en el aeropuerto y que no tendría problemas. Era mucho
dinero, y muy fácil”, explica al otro lado del teléfono. Es la clásica
historia, la misma que ha llevado a 2.009 españoles a las cárceles de
todo el mundo.

De los casi 1.300 presos españoles que hay en Latinoamérica, 1.196
(el 95%) está en prisión por delitos vinculados a las drogas, la
constante de los españoles que cumplen condena en cárceles de todo el
mundo. Los otros delitos más comunes son robos (3,4%), homicidios y
asesinatos (2,3%) y estafas (1,1%).

El Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con la ONG Movimiento por la Paz,
lleva 12 años lanzando campañas de concienciación, ya que los delitos
perpetrados fuera de España son juzgados con la legislación del país
donde se han cometido. “La gente no suele saberlo, pero en algunos
países el consumo es motivo de pena de muerte”, explica un portavoz del
ministerio, Jesús Díaz. En el caso de Bolivia, donde hay 80 presos
españoles, su legislación es muy severa con este tipo de delitos.
Contempla penas de 10 a 20 años por tráfico, y de ocho a 12 por
transporte.

Han pasado ocho meses desde que la joven fue detenida y ni ella ni su
familia saben cuándo se celebrará el juicio. “Me han dicho que podrían
caerme ocho años”, comenta resignada. “Ahora sé que 8.000 euros es muy
poco dinero para la situación en la que estoy”, añade.

Esta joven ha tenido que vivir todo esto prácticamente sola. “Antes
venía un conocido a visitarme, pero hace ya bastante que no sé nada de
él”. Miembros del consulado español en Bolivia también se han acercado
un par de veces a verla. “La primera vez me dejaron algo de dinero,
porque aquí todo funciona pagando. Después ya no, dicen que es por la
crisis”. El consulado debe avisar a la familia de los detenidos siempre
que lo soliciten expresamente. Ella desconocía esta posibilidad y hasta
hace poco tiempo nadie en España sabía que estaba presa al otro lado del
Atlántico.

Movimiento por la Paz trata de completar la asistencia consular a los
presos. “Ellos tienen necesidad de contacto con el exterior, nosotros
les enviamos prensa, les tratamos de facilitar la comunicación con sus
familias…”, explica María José Moreno, miembro de esta organización.
Además, se preocupan de las necesidades de cada preso, como la atención
médica o jurídica. “Si necesitan medicinas, tratamos de enviarlas, e
instamos a los consulados a que les atiendan”, añade.

Gutiérrez aún no cuenta con una sentencia firme, por lo que no puede
solicitar su traslado a España. Ella lo sabe y lo acepta. Pero alberga
esperanzas. Bolivia es uno de los 31 países que tienen convenios para
hacerlo.